"Peligrosa propuesta para la Universidad"

El escrito presentado contra el borrador del Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI) -Por la calidad de las universidades públicas, El PAÍS, 9 de julio de 2011- tiene algunos aspectos enigmáticos y algunos bastante peligrosos. Es llamativa la coincidencia de firmas de personas de muy variada índole, no solo académica sino también de planteamientos ideológicos. Ello solo puede significar que, o bien se trata de un escrito de carácter claramente corporativo, o bien contiene algunas ideas o críticas razonables que concitan tal apoyo. O, como creemos en este caso, ambas cosas.

No faltan, desde luego, motivos para criticar el proyecto de Estatuto del PDI, y no solo la burocratización. Pero la incorporación y desarrollo de la carrera profesional con sus grados y evaluaciones esta impuesta por la Ley de Reforma de la LOU, contra la que nos manifestamos los sindicatos desde el principio, y cuyo desarrollo finalmente se ha mejorado introduciendo transparencia, objetividad y menos burocracia. Se han establecido unos criterios (reglas de juego) que parte de los rectores no desean que estén reflejados tan nítidamente en el texto del estatuto. Sigue constatándose la falta de consideración del Personal Investigador en Formación, al que por cierto, se trata de manera infame por la actual legislación, sin que ello sea motivo de ningún manifiesto de reputados investigadores senior. También nos preocupa del último borrador del estatuto la eliminación de aspectos negociados con los sindicatos, desactivando algunas garantías en un texto que no reconocía mejoras en el régimen salarial existente desde hace más de 25 años. Aspectos como la participación del PDI, a través de sus representantes, en la determinación de los criterios generales para la distribución de la tarea docente e investigadora -aspecto criticado por el escrito de los excelentes- para evitar que sea la Universidad la que directamente pueda segregar, determinando quién se dedicará a la excelencia investigadora, quién a hacer caja a través de su dedicación intensiva a la transferencia, y quiénes serán los desgraciados que se dedicarán a afrontar las cada vez más numerosas y engorrosas actividades docentes.

Sin embargo, el segundo aspecto y más peligroso del escrito es el mensaje antisindical y neocentralista expreso e incluso grosero con el que, desconociendo la evolución de nuestro país y el desarrollo de las libertades y derechos fundamentales, se pretende perpetuar un modelo de Universidad feudal, en el que las castas -a las que pertenecen o incluso representan personalmente algunos de los firmantes- pueden continuar decidiendo sobre cómo y qué investigar, seleccionando por criterios arbitrarios y al margen de cualquier control o participación del resto del PDI.

Lo primero no es una novedad. Ya estamos acostumbrados al repunte de un discurso antisindical. También en bastantes campus universitarios. Pero nuestra Constitución reconoce el derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva -desarrollado recientemente en el ámbito de la Función Pública por el Estatuto Básico del Empleado Público- cuya proyección alcanza también a las universidades, guste o no a algunos rectores, a los excelentes agazapados y a algunas instituciones financieras que proponen nuevos y más eficaces sistemas de gobernanza.

Lo segundo es más novedoso. Los firmantes lamentan la dejación de funciones del Ministerio de Educación ante la esencial mejora de las universidades públicas. Desconocen el diseño constitucional del Estado de las autonomías y el reparto de competencias, así como el reconocimiento de la autonomía universitaria. O quizás lo conocen pero no les gusta. ¿Nostalgia de viejo cuerpo estatal y de otros tiempos?, ¿Petición vergonzante de recentralización de las competencias universitarias? Todo ello lo sostienen por la defensa de la calidad de la Universidad, por el mérito y la defensa del servicio público. Lo que hay que leer.

Desde los sindicatos defendemos la aprobación de un estatuto moderno que actualice una normativa que tiene más de 25 años, no la última versión manejada por el ministerio, sino la acordada en la Mesa Sectorial el 7 de enero de 2011. Un documento con el que se garantice la calidad en la investigación y la docencia y que incorpora un modelo democrático de relaciones de laborales. Sin esta última premisa no se podrán garantizar aquellos principios, ni la existencia de una universidad pública y al servicio de la sociedad. Una sociedad que necesita de la creación de conocimiento para poder estar en las mejores condiciones en un mundo globalizado.Los firmantes del escrito parecen olvidar una de las misiones de la Universidad, tal vez la primera: la docencia que da una formación sólida y prepara a las futuras generaciones. Su manifiesto es de otra galaxia, tanto desde el plano académico, como desde el plano político y social de derecho. Una galaxia peligrosa y nada excelente, por cierto.

"Peligrosa propuesta para la Universidad"

El escrito presentado contra el borrador del Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI) -Por la calidad de las universidades públicas, El PAÍS, 9 de julio de 2011- tiene algunos aspectos enigmáticos y algunos bastante peligrosos. Es llamativa la coincidencia de firmas de personas de muy variada índole, no solo académica sino también de planteamientos ideológicos. Ello solo puede significar que, o bien se trata de un escrito de carácter claramente corporativo, o bien contiene algunas ideas o críticas razonables que concitan tal apoyo. O, como creemos en este caso, ambas cosas.


No faltan, desde luego, motivos para criticar el proyecto de Estatuto del PDI, y no solo la burocratización. Pero la incorporación y desarrollo de la carrera profesional con sus grados y evaluaciones esta impuesta por la Ley de Reforma de la LOU, contra la que nos manifestamos los sindicatos desde el principio, y cuyo desarrollo finalmente se ha mejorado introduciendo transparencia, objetividad y menos burocracia. Se han establecido unos criterios (reglas de juego) que parte de los rectores no desean que estén reflejados tan nítidamente en el texto del estatuto. Sigue constatándose la falta de consideración del Personal Investigador en Formación, al que por cierto, se trata de manera infame por la actual legislación, sin que ello sea motivo de ningún manifiesto de reputados investigadores senior. También nos preocupa del último borrador del estatuto la eliminación de aspectos negociados con los sindicatos, desactivando algunas garantías en un texto que no reconocía mejoras en el régimen salarial existente desde hace más de 25 años. Aspectos como la participación del PDI, a través de sus representantes, en la determinación de los criterios generales para la distribución de la tarea docente e investigadora -aspecto criticado por el escrito de los excelentes- para evitar que sea la Universidad la que directamente pueda segregar, determinando quién se dedicará a la excelencia investigadora, quién a hacer caja a través de su dedicación intensiva a la transferencia, y quiénes serán los desgraciados que se dedicarán a afrontar las cada vez más numerosas y engorrosas actividades docentes.

Sin embargo, el segundo aspecto y más peligroso del escrito es el mensaje antisindical y neocentralista expreso e incluso grosero con el que, desconociendo la evolución de nuestro país y el desarrollo de las libertades y derechos fundamentales, se pretende perpetuar un modelo de Universidad feudal, en el que las castas -a las que pertenecen o incluso representan personalmente algunos de los firmantes- pueden continuar decidiendo sobre cómo y qué investigar, seleccionando por criterios arbitrarios y al margen de cualquier control o participación del resto del PDI.

Lo primero no es una novedad. Ya estamos acostumbrados al repunte de un discurso antisindical. También en bastantes campus universitarios. Pero nuestra Constitución reconoce el derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva -desarrollado recientemente en el ámbito de la Función Pública por el Estatuto Básico del Empleado Público- cuya proyección alcanza también a las universidades, guste o no a algunos rectores, a los excelentes agazapados y a algunas instituciones financieras que proponen nuevos y más eficaces sistemas de gobernanza.

Lo segundo es más novedoso. Los firmantes lamentan la dejación de funciones del Ministerio de Educación ante la esencial mejora de las universidades públicas. Desconocen el diseño constitucional del Estado de las autonomías y el reparto de competencias, así como el reconocimiento de la autonomía universitaria. O quizás lo conocen pero no les gusta. ¿Nostalgia de viejo cuerpo estatal y de otros tiempos?, ¿Petición vergonzante de recentralización de las competencias universitarias? Todo ello lo sostienen por la defensa de la calidad de la Universidad, por el mérito y la defensa del servicio público. Lo que hay que leer.

Desde los sindicatos defendemos la aprobación de un estatuto moderno que actualice una normativa que tiene más de 25 años, no la última versión manejada por el ministerio, sino la acordada en la Mesa Sectorial el 7 de enero de 2011. Un documento con el que se garantice la calidad en la investigación y la docencia y que incorpora un modelo democrático de relaciones de laborales. Sin esta última premisa no se podrán garantizar aquellos principios, ni la existencia de una universidad pública y al servicio de la sociedad. Una sociedad que necesita de la creación de conocimiento para poder estar en las mejores condiciones en un mundo globalizado.Los firmantes del escrito parecen olvidar una de las misiones de la Universidad, tal vez la primera: la docencia que da una formación sólida y prepara a las futuras generaciones. Su manifiesto es de otra galaxia, tanto desde el plano académico, como desde el plano político y social de derecho. Una galaxia peligrosa y nada excelente, por cierto.

"Un certificado escolar para el que no termina los estudios"

Educación aprueba mañana los decretos de FP y de 4º de ESO. Una de las novedades es una acreditación para quienes abandonan la formación sin el título de Graduado y que será obligatoria desde 2012.

Las reformas que el Ministerio de Educación prevé para la Formación Profesional y el último curso de la enseñanza obligatoria, 4º de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), están a punto de ver la luz. El Consejo de Ministros aprobará previsiblemente mañana los dos decretos que cambian ambos modelos y que todas las comunidades autónomas deberán aplicar a partir del curso 2012-2013. Entre las novedades, que se deberá aplicar de forma obligatoria ya el curso que viene, está la entrega de un certificado de "adquisición de competencias básicas" para todos los alumnos que abandonen la ESO sin obtener el título de Graduado.

Tendrá carácter oficial y validez en toda España y permitirá que el alumno no tenga que repetir pruebas o asignaturas que hubiera aprobado antes de dejar el sistema. Le servirá si se plantea en el futuro para obtener el Graduado o para acceder a ciclos de Formación Profesional (FP) de grado medio (la que se estudia después de la ESO), aunque esto último lo deberá definir cada comunidad autónoma.

Los nuevos decretos, que desarrollan algunos cambios de la Ley de Economía Sostenible, modifican tanto los itinerarios de FP como las vías que pueden elegir los alumnos de 4º de la ESO, además de flexibilizar el acceso a los PCPI (Programas de Cualificación Profesional Inicial) para los alumnos con mayor riesgo de no terminar el instituto.

Los cambios en los PCPI son los que el ministerio considera más relevantes, puesto que se trata de intentar recuperar a quienes quedan fuera del sistema en un modelo, el español, con el 28,4% de abandono escolar temprano, casi el doble de la Unión Europea. Estos programas ya no se limitarán a los alumnos con 16 años sin el título de ESO. Se adelanta a los estudiantes con 15 años. Tendrán una duración de dos años e incluirán tres módulos (uno profesional, otro de formación general y otro voluntario). Aprobando los dos primeros, y esta es otra de las grandes novedades, el estudiante podrá acceder a la FP sin haber obtenido el título de ESO. Estos alumnos tendrán reservadas entre el 20 y el 30% de las plazas en los cursos de formación profesional en los que haya más demanda que oferta.

Los alumnos de 4º de la ESO podrán elegir sus tres asignaturas optativas entre tres vías distintas. La primera, más enfocada al bachillerato de letras, incluye Educación plástica y visual, Latín y Música. La segunda, más científica, agrupa Biología y geología, Física y química y Tecnología. Y la tercera, con un planteamiento cercano a la Formación Profesional, contempla Alimentación, nutrición y salud, Ciencias aplicadas a la actividad profesional y Tecnología. Además hay un cuarto grupo de nuevas materias comunes (Informática, Orientación Profesional e iniciativa emprendedora y Segunda lengua extranjera). El estudiante podrá elegir todas las asignaturas de una opción o combinar dos materias de una opción y una tercera de otra o del grupo de nuevas materias comunes.

Respecto a la Formación Profesional, los titulados de grado medio podrán acceder al grado superior a través de un curso puente, sin necesidad de cumplir los dos años de Bachillerato. Para ellos habrá también con una reserva de entre el 20 y el 30% de las plazas. Los centros también ofertarán cursos especializados de reciclaje para aquellos que ya tienen títulos pero quieren ponerse al día sobre los cambios del mercado laboral, un sistema similar a los másters que ofrecen las universidades.

Otra opción será estudiar on-line. El ministerio prepara para el curso 2012-2013 el acceso a un centenar de títulos de FP a través de una plataforma digital en la que hasta el momento se ofertan solo ocho títulos de los 126 existentes.